La disposición ilegal del patrimonio de los sonorenses, por parte de funcionarios corruptos, que roban del erario, aprovechándose de sus puestos, es cada vez más recurrente sin que nadie les haga pagar, lo peor, sin que las autoridades recuperen, en la mayoría de los casos, los bienes que son de todos.
Es la impunidad y el hecho del que “No pasa nada”, lo que deja el camino abierto para que los servidores públicos deshonestos vean la forma de enriquecerse valiéndose de sus cargos porque carecen de vocación de servicio a la sociedad.
Por eso, las acciones que sean una especie de filtro o “cernidor” para evitar que se cometan más delitos contra el erario, serán siempre bienvenidas, en un ejercicio que conlleve a una transparencia real y los ciudadanos podamos confiar de que los recursos, producto de nuestros impuestos, están cuidados.
Y me refiero a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera (Unipaf) de la Fiscalía de Justicia del Estado, recién anunciada, que promete un combate frontal a la corrupción y representar una auténtica acción de justicia para los sonorenses que han visto como se han robado los recursos.
Pero se debe cuidar de que esa iniciativa no se convierta -como en muchas ocasiones ha pasado-, sólo en mera ocurrencia del gobernante en turno y que realmente se lleve a la práctica para que las cosas cambien ya en favor de los ciudadanos y no haya tanta corrupción.
Podremos estar de acuerdo en aplaudir medidas como esa que tenga la buena intención de exigir cuentas y hacer pagar a los corruptos, pero también reclamamos resultados, que recuperen lo robado del patrimonio público.
Pero, sobre todo, que se establezca como advertencia de que los funcionarios serán castigados si cometen actos ilegales para que se abstengan de hacerlo.
Porque con el sistema de justicia actual, los funcionarios que son investigados por corrupción se valen de las argucias legales y promueven amparos tras amparos ante jueces federales y entorpecen así la procuración de justicia.
Por eso se requieren de nuevos instrumentos, que sean realmente efectivos.
“Pagarán los corruptos”, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich, al anunciar la creación de la Unidad, “para quienes pensaron que no pasa nada, pues sí pasa, si un servidor público obra mal, hay consecuencias que pagar”.
Y es lo que queremos, que realmente suceda, porque ya basta de tanta impunidad.
El hecho de que en Sonora los ciudadanos puedan ser auditores, que todos seamos vigilantes de los recursos públicos, ofrece algo bueno, porque los funcionarios estarán en la mira de todos para que se conduzcan apegado a las normas y de lo que exige la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
Los ciudadanos tendrán el poder de denunciar actos de enriquecimiento ilícito o de corrupción de funcionarios para que la Fiscalía investigue y de ser cierto, podrán recibir hasta el 20 por ciento del valor de los bienes recuperados. Pero las denuncias tienen que estar sustentadas para que no se convierta sólo en “cacería de brujas”.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora ha asegurado bienes, ranchos, casas y terrenos, productos de las investigaciones a funcionarios, por un valor de más de 561 millones de pesos, pero el nivel del desfalco es mucho más cuantioso y asciende a miles de millones de pesos.
Con las facultades de la Unipaf de recabar y consolidar información fiscal, patrimonial y financiera relacionada con algún delito, y promover y ejecutar la extinción de dominio, esperemos aumente lo recuperado para los sonorenses.
La nueva competencia de los jueces en materia de extinción de dominio que da facultades al Estado para perseguir y asegurar los bienes adquiridos de forma ilícita con recursos públicos y con la nueva Unidad Especializada, que surge de una iniciativa que estaba desde el 2015 en el Congreso, se deben rendir mejores cuentas a los sonorenses.
Porque la sociedad está harta de la corrupción y demanda respuestas. Los ciudadanos estamos cansados, hay un hartazgo y frustración de que le arrebaten lo que es suyo, de que funcionarios deshonestos disfruten de una vida de riquezas con los bienes sustraídos ilegalmente, arrebatados a los sonorenses.
Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico davidfigueroao@me.com; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.
Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.
