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Para propiciar espacios de colaboración formal y abrir mayores oportunidades de crecimiento profesional y humano a estudiantes de las diversas licenciaturas de la Universidad La Salle Noroeste, la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Ena Olea de Félix firmó un convenio de colaboración con el Rector de la casa de estudios, Salvador Gámez Valle.

Olea de Félix destacó que con esta firma de convenio los alumnos serán recibidos en las diferentes dependencias de DIF Cajeme para ejercer sus prácticas profesionales y servicio social, principalmente a estudiantes de las licenciaturas en Fisioterapia, Nutrición y Psicología Educativa.

“Sabemos que hace mucha falta que nuestros jóvenes se involucren en la sociedad, en la comunidad y ayudar a las personas más necesitadas, por ello quiero agradecer a la ULSA por la oportunidad de trabajar con sus estudiantes en todas las actividades que realizamos y darles la oportunidad de crecer y devolver un poco a su comunidad” expresó.

Hizo saber que el Sistema DIF Cajeme cuenta con diversas áreas donde los jóvenes pueden ingresar para realizar sus estadías profesionales, como la recién inaugurada Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), las estancias de INAPAM, la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Adulto Mayor y el Centro de Integración Familiar (CIFA).

Salvador Valle Gámez, Rector de ULSA agradeció a la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Ena Olea de Félix por la disposición para hacer sinergia y servir a quienes más lo necesitan.

“La importancia de esta firma, lo que significa y el impacto que tiene este convenio con DIF Cajeme hará mucho bien para la formación de buenos ciudadanos” dijo.

Estuvieron presentes Beatriz Zazueta Álvarez, Directora de DIF Cajeme; Nazario Miranda Gil, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cajeme; Mónica Villa Mascareño, Directora Académica de ULSA; Haydee Juárez Calderón, Coordinadora de Ciencias de la Salud en ULSA y Jaime Castro Fontes, Coordinador del área de Ciencias Sociales y Humanidades de ULSA.

Hermosillo, Son., marzo 6 de 2018.- Un Acuerdo para que a los consumidores y empresas de los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, se les otorgue un mayor monto de estímulo aplicable al Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios, IEPS, en la enajenación de gasolinas correspondiente a la franja fronteriza, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.

El exhorto está dirigido al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de acuerdo a la iniciativa presentada por el diputado Javier Dagnino Escobosa, a la cual se le adicionó el municipio de Caborca a propuesta del diputado Rodrigo Acuña Arredondo.

Expuso que el municipio de Cananea enfrenta una situación de desventaja en contraste con los consumidores de los municipios de Nogales, Agua Prieta, Naco y Santa Cruz, que tienen derecho al triple estímulo.

En las referidas municipalidades el estímulo es de 3.16 pesos por litro de gasolina menor a 92 octanos o Magna, y de 2.26 ó 2.21 pesos por litro en la mayor o igual a 92 octanos o Premium, mientras que en el municipio minero es de dos pesos adicionales de impuestos al comprar el combustible, sostuvo.

El diputado Dagnino Escobosa agregó que se busca que el costo promedio de los combustibles en Cananea se iguale al precio que gozan los consumidores de otros municipios fronterizos, y al de ciudades de los Estados Unidos de América.

“Los habitantes y empresas de Cananea tienen una importante y cercana relación comercial con las ciudades fronterizas de Arizona, por lo que requieren de un estímulo igual al que se aplica en otros municipios vecinos de la región”, aseveró.

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, la presidenta de la mesa directiva, Lina Acosta Cid, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una iniciativa presentada por el diputado Omar Alberto Guillén Partida, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 69 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Explicó que las reformas constitucionales que regulan la actuación del Ministerio Público en el ámbito estatal, aprobadas por esta Soberanía en 2017, generan la necesidad de adecuar el marco normativo que regula el manejo y administración de recursos destinados al apoyo a las funciones del Ministerio Público y que en su momento motivaron la expedición de la Ley que crea el Fondo para la Procuración de Justicia, a efecto de apoyar con recursos adicionales a la entonces Procuraduría General de Justicia.

Ahora como órgano constitucionalmente autónomo, la Fiscalía General de Justicia del Estado también requiere de recursos adicionales, dijo, que le permitan desarrollar sus funciones sustantivas de una manera más eficiente, con altos estándares de servicios y calidad, que le permitan hacer frente de manera adecuada a su encomienda de garante de la legalidad y persecutora de delitos.

Y a la Comisión de Educación y Cultura se envió para estudio la iniciativa presentada por los diputados Teresa María Olivares Ochoa y Fermín Trujillo Fuentes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, con el objeto de establecer la educación inclusiva con atención al principio de progresividad.

Dicho principio constituye el compromiso del Estado de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura; de avanzar gradual y constantemente hacia su más completa realización, por lo tanto los derechos fundamentales no deben disminuirse por ningún motivo, indicó la diputada Olivares Ochoa.

Agregó que la educación inclusiva es un conjunto de valores, principios y prácticas que tratan de lograr una educación cabal, eficaz y de calidad para todos los alumnos, que hace justicia a la diversidad de las condiciones de aprendizaje y a las necesidades no solamente de los niños con discapacidad, sino de todos los alumnos. A esta iniciativa se sumaron las diputadas Lina Acosta Cid y Brenda Elizabeth Jaime Montoya.

Enseguida el diputado Juan José Lam Angulo presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Transporte del Estado de Sonora, en materia de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas y otras disposiciones.

Explicó que el pasado 21 de febrero se realizó un foro público de consulta en el auditorio de este Poder Legislativo, con relación al tema de la afectación en la operación entre servicios de taxi y los automóviles que prestan utilizan las tecnologías de las plataformas electrónicas.

Los temas fueron en varias vertientes, como las competencias desleales, lo que afecta la economía de miles de familias en Estado que han vivido por más de 30 años con este medio de trabajo mediante concesiones públicas autorizadas por la Dirección General de Transporte del Estado, afirmó el diputado Lam Angulo.

La iniciativa, que se turnó a la Comisión de Transporte y Movilidad, es resultado de dicho foro y de otras reuniones, con el objeto de dar voz parlamentaria a diversas organizaciones, tanto sindicales como asociaciones civiles de Sonora, que demandan, como prestadores del servicio público de taxi, a usuarios ante la competencia de mercado con el fenómeno UBER y otras plataformas que tienden a expandirse sin estar reguladas en las normas jurídicas locales, puntualizó.

En la plenaria se presentaron dos posicionamientos, uno de la diputada Angélica María Payán García, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, y otro del diputado José Ángel Rochín López, con agenda legislativa para el actual periodo ordinario.

La diputada Payán García hizo un reconocimiento a las mujeres que a través del activismo luchan por reivindicar sus derechos y conseguir el desarrollo pleno de su potencial, además de comprometerse a trabajar con las instituciones para impulsar políticas transversales que incorporen a las sonorenses, tanto en la esfera pública como en la vida privada.

En su intervención, el diputado Rochín López dio a conocer que en este periodo propondrá una iniciativa con proyecto de ley de derechos y cuidados paliativos de enfermos en etapa terminal para el Estado de Sonora; una ley de derechos y protección de las personas no fumadoras en el Estado, para que sustituya a la actual Ley de protección ciudadana contra los efectos nocivos del tabaco, y una reforma en materia de transparencia.

En esta primera sesión del mes de marzo, el Pleno aprobó un Acuerdo mediante el cual este Poder resuelve que durante lo que resta del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de esta Legislatura (febrero-abril de 2018), las sesiones se llevarán a cabo martes y miércoles de cada semana, y por lo tanto se dejan sin efecto los días jueves de cada semana.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y le dio lectura la diputada Ana Luisa Valdés Avilés.

La Presidencia citó a sesión del Pleno este miércoles 7 de marzo, a las 09:00 horas.

Un juez federal absolvió de todos los delitos de los que se le acusaba a Francisco Arnaldo Monge Araiza, mejor conocido como “Pancho Platas”, siendo esta resolución otro golpe a los sonorenses, y un fracaso más en la procuración de justicia.

El ex director del Consejo para la Concertación de la Obra Pública en el gobierno padresista, fue detenido en Septiembre del 2016 por policías estatales para que respondiera a las acusaciones de cohecho, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Pancho Platas había salido libre días después de su captura al pagar 25 millones de pesos de fianza, siendo detenido meses después, volviendo a sacar la chequera para hacer efectiva una fianza por 23 millones de pesos, misma que después fue reducida a solo 3 millones de pesos, lo que fue como quitarle un pelo a un gato, porque dicen que a este ex funcionario padresista si algo le sobra en esta vida es dinero.

Y Pancho Platas demostró para que sirve el dinero, logrando con sus costosos abogados salir libre de todos los cargos imputados.

Cuando fue detenido en la serranía de Bacadehuachi, al ex funcionario padresista le incautaron un arma de uso exclusivo del Ejército y diez gramos de Cristal, pruebas de delitos que al parecer fueron desestimadas por un juez al absolverlo de todos los cargos.

Por lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora que dirige Odracir Espinoza, tendrá que aclarar si las pruebas de las acusaciones de cohecho o uso indebido de atribuciones presentadas contra Pancho Platas tenían peso, mientras que los agentes ministeriales que lo detuvieron tienen mucho que explicar por la droga y arma encontrada en el automóvil del ex funcionario padresista.

Pues como vemos no damos una en contra de los padresistas, al perder una tras otra. Por diversos motivos ya salieron de prisión los ex funcionarios padresistas Jorge Morales, el ex secretario de Gobierno Roberto Romero López, la ex diputada panista Paola Robles Manzanedo, el veterinario Luis López Moreno de la hielera con 35 millones de pesos y droga; Míster Moches Fiscales Roberto Salido Quiroga, acusado de daños al erario federal por mil 700 millones de pesos; el titular de la Sagarpita Héctor Ortíz Ciscomani, también fue detenido y liberado mediante millonaria fianza; entre otros más.

Los padresistas que también fueron detenidos y no tardan en salir de prisión, son el ex director de Auditoría Fiscal, Valentín Castillo acusado de los Moches Fiscales; mientras que al ex Jefe de Escoltas padresista Fernando Fernández Portillo, le cargaron los “muertitos” de la tortura a la mucama Gisela Peraza por lo que seguirá encerrado por un largo tiempo.

Y la “Joya de la Corona” o “la Cereza del Pastel”, el ex gobernador Padrés, en breve saldrá más limpio e inocente que un niño recién nacido por obra y gracia del Perdón Divino de Los Pinos. Total, se baja el cero y no toca. Y como dice la canción del “Buqui” Marco Antonio Solís: ¿A dónde vamos a parar?.

SE ENREDA SOLUCION A CANDIDATURA INDEPENDIENTE EN HERMOSILLO

Ya le están dando más largas a la solución de la elección del candidato independiente en Hermosillo, al irse a fondo el Instituto Estatal Electoral en la verificación de las firmas de apoyo de los aspirantes, sobre todo del cuestionado Norberto Barraza Almazán.

El organismo electoral informó que contrató los servicios de un grafólogo ara cotejar las firmas de apoyo, sin aclarar si las firmas de Norberto Barraza o de David Figueroa, o “de ambos dos”.

Para cotejar las firmas de apoyo, el Instituto Electoral anunció que visitarán 330 domicilios en Hermosillo para verificar si en efecto apoyaron a algún aspirante, o les falsificaron las firmas. Por lo anterior, no les extrañe si ven a la consejera presidenta del IEE Guadalupe Taddei Zavala, recorriendo calles de Hermosillo para verificar firmas de apoyo, aunque ya entrada en gastos debería de investigar en esas 330 casas si recibieron fumigaciones gratuitas de parte de Norberto Barraza como acusa David Figueroa, quien hasta lo señala por daños al ambiente y hasta por muerte de perros y gatos en las colonias por el tóxico fumigante rociado a cambio de votos. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)

Los gobernantes en turno de los tres niveles, federal, estatal y municipal, deben abstenerse de usar a las instituciones como “garrote” político en contra de los candidatos o partidos que no son afines.

Porque el caer en la tentación de hacerlas objeto de revanchismo para golpear a quienes son contrarios políticamente, es enviar un mensaje negativo y atenta contra la democracia, a la libre participación.

Y es un mal presagio sobre las elecciones del primero de julio próximo, de la falta de imparcialidad y de certeza legal en el proceso de donde emanarán el nuevo Presidente de la República, senadores, los integrantes de la Cámara federal de diputados, legisladores locales y ayuntamientos.

Los ciudadanos están cansados de los conflictos en épocas electorales y lo que exigen es que haya procesos transparentes, que la fiesta sea en paz y quienes sean elegidos sea de manera legal, sin trampas.

Las diferencias entre los candidatos a Presidente de la República, de las diversas fuerzas, de la coalición “Todos por México” (integrada por PRI-PVEM-Panal-), de “Por México al Frente” (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) y de “Juntos Haremos Historia” de Andrés Manuel López Obrador, no hace más que reafirmar que el sistema de partidos políticos está desgastado, en etapa terminal.

La intervención del presidente Enrique Peña Nieto, para favorecer a su candidato, José Antonio Meade Kuribreña, al sacar expedientes por presunto “lavado de dinero” a Ricardo Anaya, utilizando a la Procuraduría General de la República (PGR), no hace más que desasear la contienda política, que sea un cochinero.

Irónicamente el hostigamiento oficialista a Ricardo Anaya antes lo está fortaleciendo que debilitando. Y en lugar de ayudar al abanderado priista, está empujando al panista y que López Obrador se mantenga adelante en las preferencias. Este es un caso más en el que el ataque del régimen beneficia más que perjudicar al atacado.

El Gobierno es el que está aportando la mayor dosis de indecencia en el proceso electoral porque poner las instituciones del Estado al servicio de un partido o de un candidato para atacar a un adversario político representa un caso de corrupción.

Peña Nieto en lugar de usar a las instituciones de justicia “coincidentemente” en época electoral, debería hacerlo para investigar y castigar a los culpables en casos de corrupción como la “Estafa Maestra” en la que se desviaron más de 6 mil 879 millones de pesos, del 2012 al 2016, de 11 dependencias federales, de Sedesol y Sedatu, entre otras, sin que haya sido esclarecido.

En el caso de Sonora, se debe evitar la tentación de utilizar instituciones como la Fiscalía Anticorrupción para el golpeteo político mediático en época electoral, a menos de que sea en casos bien fundamentados, en contra de adversarios políticos porque se debe garantizar la libre contienda en condiciones de equidad.

Los programas de beneficio social, de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora (SEDESSON), de salud, entre otros, se debe evitar utilizarlos para condicionar la ayuda a los sectores más desprotegidos, al igual que en las acciones federales de Prospera y de Sedesol.

Utilizar las instituciones como “garrote” político es un mal presagio que avizora divisiones futuras, bien haría el Presidente Peña Nieto en concluir su ciclo de la mejor manera, México está ávido de paz y legalidad.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico davidfigueroao@me.com; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) planteó exhortar al titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a hacer públicas las acciones que realizan para solucionar la problemática que se desprende de los feminicidios infantiles, y a la Procuraduría General de República, a dar a conocer el estado que guardan las investigaciones referentes a este tema.

La legisladora enfatizó que la violencia sexual contra las niñas no acaba, sigue presente y se incrementa cotidianamente. “Además de enfrentarse a una barrera que evita el acceso a las oportunidades a las que tendría paso de manera directa por ser un derecho consagrado, como es la educación, la salud, la seguridad y que, al no tenerlo, se les hace vulnerables aumentando el riesgo de que padezcan violencia y abuso desde temprana edad”.

Afirmó que las niñas “están siendo asesinadas con la misma saña que las mujeres adultas mayores o adolescentes, asesinadas por quien ejerce el poder sobre ellas y quienes deberían brindar la mayor protección, cuidados y amor”.

Mencionó que se estima que 13 por ciento de las usuarias de servicios de salud pública federal han sido agredidas sexualmente por familiares antes de cumplir 15 años. Además, el feminicidio infantil a escala nacional es de 7 por ciento.

Aceves Pastrana comentó que, de acuerdo con Frida Guerrera, activista y defensora de los derechos humanos, las muertes de las mujeres menores de edad están totalmente impunes e invisibles para el Estado mexicano. En 2016 fueron registradas 262 niñas asesinadas, de las que 47 tenían entre 0 y 10 años de edad, y 115, de 11 a 17 años.

Respecto al maltrato infantil en el seno de la familia, dijo que datos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia señalan que durante 2010, en 26 de los 32 sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, se atendieron 32 mil 68 reportes por maltrato infantil y en 17 mil 800 de ellos se comprobó el maltrato; en este mismo año se atendieron 36 mil 252 menores de edad maltratados, de los cuales 50.2 por ciento eran niñas.

Por ello, consideró que se debe buscar la eliminación de los principales riesgos a los que se enfrentan las niñas; el abuso sexual, la trata, prostitución infantil, su utilización en la pornografía, el trabajo doméstico y el incremento del embarazo adolescente.

Se pronunció por anular la discriminación de la que son objeto por su sexo, edad y condición de pobreza, abandonadas, desvalorizadas y obligadas “no sólo a abandonar la escuela, también sus sueños y en algunos casos su propia vida”.

“Cuando logremos que las niñas sean reconocidas con seguridad, amor, así como derechos plenos y garantizados, tendrán asegurado su futuro como mujeres”, puntualizó.

El punto de acuerdo se turnó a las comisiones de Derechos de la Niñez para dictamen y a la Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género para opinión.

Para evitar que las mujeres víctimas de violencia sufran revictimización, agresión patrimonial y económica, así como salvaguardar su integridad psicológica, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (PAN) impulsa reformas a seis artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Propone incluir la definición de revictimización, como “el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida”.

Asimismo, considerar dicha revictimización como violencia institucional, como consecuencia de las malas o inadecuadas prácticas provenientes de la atención que realizan los servidores públicos a las mujeres que han sufrido algún delito, y que les causan daños o perjuicios psicológicos, sociales, judiciales o económicos, posteriores al momento de la infracción.

La diputada por Sonora destacó la necesidad de transformar el sistema jurídico-cultural, mediante modificaciones a los artículos 1, 4, 5, 18, 49 y 52 de ese marco jurídico, para que las instituciones de atención a las mujeres víctimas, en cualquiera de sus etapas, respeten sus derechos humanos y sean parte de la solución y acompañamiento, como política pública de Estado.

Señaló que existen las consideraciones sobre lo que significan los tipos de violencia patrimonial y económica; sin embargo, la ley general actualmente no contempla obligaciones a las fiscalías o Ministerios Públicos de pronunciarse sobre su comisión cuando conocen sobre causas en las que la mujer es víctima.

Estos pronunciamientos tendrían que ser herramientas para prevenir la revictimización y servir como alertas en conductas criminalísticas contra mujeres, que pueden derivar en delitos posteriores contra la vida de la víctima.

“El Estado mexicano debe detectar cuando los delitos tienen motivaciones de violencia económica o patrimonial contra las mujeres, porque en el fondo el victimario pretende acabar con su subsistencia”, precisó.

También propone modificar el artículo 49 de la ley general para que “las autoridades federales hagan las gestiones necesarias orientadas a propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, y consideren como agravantes los delitos contra la vida, el patrimonio y la integridad corporal y psicológica cometidos contra mujeres”.

La violencia psicológica suele manifestarse a través de la ansiedad, dificultad para respirar o dormir, depresión o el descuido de sí misma y de los hijos, aun cuando las lesiones o daños que el delito produjo en ella, pudieran haber desaparecido.

Las mujeres víctimas de violencia, afirmó, deben encontrar en el Estado mexicano medidas de protección a su integridad en todos los aspectos: físico y psicológico, por lo que se propone que entre los agravantes se incluya el psicológico.

Además, las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Con ello, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe asegurar que las instituciones implementen políticas públicas que eviten la revictimización mediante una clara definición del fenómeno y que erradique ese problema, enmarcado como un tipo de violencia institucional, concluyó.

• Del 260 mil 815 personas infectadas en 25 años, 100 mil 694 fallecieron: Reyes Álvarez

05-03-2018.- El diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD) impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) para que refuercen las acciones de prevención, detección y atención en los sectores de la población que presentan mayor riesgo de infección de esta enfermedad, y que se garantice la no interrupción del tratamiento médico.

El legislador reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, México se ha estancado en la prevención de VIH/Sida, padecimiento que representa un problema de salud pública. De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), en los últimos 25 años se han cuadriplicado los casos al pasar de los 48 mil en 1990, a 200 mil en 2015.

Detalló que desde 1983 en que se reportó el primer caso de Sida en México y hasta el 30 de junio de 2017, 260 mil 815 personas se habían infectado por el VIH o desarrollado el Sida, de las cuales sólo 144 mil 223 se encontraban vivas, 100 mil 694 fallecieron, mientras que de 15 mil 898 se desconoce su status actual.

México, agregó, se ubica entre los primeros cinco países de América Latina con mayor incidencia y en 2016, en la zona, 1.8 millones de personas vivían con el virus.

Reyes Álvarez comentó que según reportes del Censida cada año se registran más de 10 mil nuevas infecciones, lo cual significa que cada día, aproximadamente, 33 personas adquieren el VIH.

En 2015, añadió, se reportaron cuatro mil 756 muertes provocadas por esta enfermedad en México, registrando una tasa de mortalidad de 3.93 casos por cada 100 mil habitantes. Es un tema preocupante, ya que el número de defunciones por este síndrome, se mantiene constante cada año, aseguró.

El diputado comentó que estimaciones médicas aseguran que gran porcentaje de personas portadoras del VIH/Sida en México desconoce que vive con este padecimiento. Más de la mitad de la gente que se diagnostica lo hace tardíamente, cuando su sistema inmunológico está muy deteriorado, lo cual conlleva que se presenten complicaciones por la infección. “Esto provoca que en muchas ocasiones los tratamientos no tengan buenos resultados”, subrayó.

Resaltó que otro dato alarmante es que la población joven y productiva en México -de 15 a 34 años- forma parte de los sectores más afectados por esa enfermedad, ya que tan sólo en el primer semestre de 2017 se registraron mil 247 casos notificados por contagio sexual en ese rango de edad, lo que representa 55 por ciento en esa categoría.

Por ello, el diputado estimó necesario formar una verdadera cultura de la prevención, a fin de detectar y diagnosticar el VIH/Sida de manera temprana, ya que con esto se podrían evitar daños a la salud, así como nuevas infecciones.

También planteó, en su punto de acuerdo, remitido a la Comisión de Salud, que las secretarías del ramo, federal y estatales, realicen acuerdos de colaboración para implementar a nivel nacional campañas de detección y prevención de VIH/Sida y, en su caso, se analice la viabilidad de generar un banco de datos de las personas portadoras, manteniendo la información bajo reserva y que sólo sea de utilidad estadística para efectuar programas de atención y prevención.

• La iniciativa permitirá avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Ernesto Cordero.
• En 2014, dos mil 137 personas solicitaron asilo a México. La cifra se elevó en 2017 a 14 mil 596 solicitantes.

El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, dio su respaldo a una iniciativa para actualizar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con los tratados y convenios internacionales que ha ratificado nuestro país, y garantizar los derechos humanos de quienes se acojan a estas figuras.

La senadora Gabriela Cuevas presentó la iniciativa con el respaldo del coordinador de su Grupo Parlamentario, el senador Manuel Bartlett Díaz, quien señaló que el gobierno mexicano no debe dejarse llevar a sistemas represivos, a cárceles para extranjeros y violar los derechos de los niños; “esta iniciativa nos permite poner en orden este problema”.

En conferencia de prensa, junto con los senadores Gabriela Cuevas Barron y Manuel Bartlett Díaz, del PT, Cordero Arroyo dijo que la iniciativa promueve la inclusión social, garantiza la igualdad de oportunidades y facilita la migración y la movilidad ordenada, que son metas de la Agenda.

Asentó que la reforma permitirá avanzar en el cumplimiento de los objetivos 10 y 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de reducir la desigualdad, promover sociedades pacíficas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

Consideró que existe una alta probabilidad de aprobar el proyecto en el Senado de la República, y enviarlo a la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones, pues se trata de una armonización de convenios y acuerdos internacionales, que México está obligado a respetar; “es parte de nuestro Estado de Derecho”.

“Para nosotros es importante avanzar, dejar esta Legislatura con este objetivo cumplido, de que actualizamos nuestro marco legal de manera que podamos cumplir con las metas de la Agenda 2030”,

La senadora Cuevas Barron explicó que el proyecto propone establecer el carácter excepcional de la detención migratoria. Es decir, si se carece del pasaporte, no se puede detener a menores de edad; y garantiza a los solicitantes de refugio el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional.

Pretende armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado, porque actualmente la Ley no lo reconoce plenamente, y la legislación tampoco está acorde con los tratados internacionales, señalaron.

También plantea sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria. Busca dar claridad a los términos: asilo, asilo político y asilado político, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de la Condición de Refugiados y la Declaración de Cartagena.

La reforma, agregó la legisladora, busca incorporar la protección de datos personales en la legislación. Es decir, el principio pro-persona, la perspectiva de género, la transparencia y el acceso al debido proceso.

Establece que el Estado mexicano debe priorizar la reunificación familiar dentro del territorio nacional; en ningún caso las niñas, niños o adolescentes solicitantes, acompañados o no, serán sujetos a una medida privativa de la libertad.

Gabriela Cuevas detalló que, en 2014, dos mil 137 personas solicitaron asilo a México, cifra que se elevó para 2017 a 14 mil 596 solicitantes; en cuanto a refugiados, en 2014, 39.7 por ciento de quienes solicitaban este recurso recibió el reconocimiento de la condición de refugiado, y actualmente la tasa de reconocimiento se elevó a 63.1 por ciento.

En 2013, la mayoría de las personas que solicitaban asilo provenían de Honduras, El Salvador y Cuba; para 2016, las solicitudes fueron realizadas por ciudadanos de Honduras, Venezuela y El Salvador.