Hermosillo, Son., junio 21 de 2018.- Para que se refuercen acciones presupuestales, diplomáticas y de asistencia jurídica por las medidas anti migratorias emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y para que se implementen acciones a fin de eficientar el proceso de donación de sangre en los hospitales públicos de la entidad, la Diputación Permanente aprobó enviar exhortos a los gobiernos Federal y del Estado.
En primer término, la diputada Lisette López Godínez recordó que en días recientes comenzaron a circular fotografías y videos en los que se puede ver a niñas, niños y adolescentes siendo separados de sus padres o tutores legales, para posteriormente ser puestos en jaulas, situación, dijo, que atenta contra la dignidad humana pero que, sobre todo, los deja en una situación de vulnerabilidad.
“La situación anterior estremeció a la comunidad internacional, y con ello, distintas organizaciones como la UNICEF declararon que no se debe criminalizar la migración y mucho menos separar a los niños de sus familias, bajo ninguna circunstancia”, expresó.
A nombre del grupo parlamentario del PAN, la legisladora agregó que, de acuerdo con información del dominio público, Estados Unidos es el único país en el mundo que no ha firmado y ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el cual es considerado como primer documento jurídico internacional vinculante en la protección de los menores de edad.
El Acuerdo aprobado resuelve exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores adscrita al Gobierno Federal, para que, en pleno uso de sus facultades y atribuciones, tome medidas de asistencia jurídica y acciones diplomáticas de apoyo a ciudadanos mexicanos, ante las medidas anti migratorias emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
También se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en la medida de lo posible, realice las asignaciones presupuestales necesarias al Servicio Exterior Mexicano y a las entidades federativas fronterizas con los Estados Unidos de Norteamérica, para fortalecer los programas de protección a migrantes.
Un segundo Acuerdo aprobó la mesa directiva de la Diputación Permanente, con el objeto de que el titular de la Secretaría de Salud Pública del Estado implemente las acciones que sean necesarias para eficientar el proceso de donación de sangre en los hospitales públicos del Estado.
La diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas refirió que ciudadanos del Distrito que representa en Nogales le han expuesto la urgente necesidad de que se tomen cartas en el asunto respecto a la donación de sangre en dicha ciudad, ya que los familiares que acuden a donar sangre para sus familiares se encuentran con más trabas que facilidades.
Agregó que para dicha acción en los hospitales se limitan a un reducido número de turnos para donadores, por lo que los familiares de pacientes que requieren de urgencia unidades de sangre, necesitan acudir al banco de sangre hasta con dos horas de anticipación para alcanzar los turnos que les permitan realizar la donación, y cuando no alcanzan turno necesitan acudir al siguiente día para ver si tienen suerte, lo que provoca frustración entre los familiares.
“Ante dicho panorama, como legisladora considero necesario hacer un llamado a la autoridad de salud en nuestro Estado, para que realice todo aquello que esté en sus manos para girar instrucciones con el objeto de eficientar el proceso de donación de sangre en los hospitales públicos del Estado, y así evitar a miles de pacientes que ante la falta de donación de sangre oportuna, se ven afectados en su salud al no poder ser intervenidos quirúrgicamente”, aseveró.
La diputada Hernández Barajas sostuvo que, de no realizarse lo anterior, el espíritu del Decreto aprobado en 2016 por esta Legislatura, tendiente a incentivar la donación altruista de sangre, sería letra muerta ante lo tardía que resulta ser dicha donación en los hospitales públicos de Nogales, lo que al final produciría un efecto contrario al establecido en la Ley.
En esta sesión ordinaria, el presidente de la Diputación Permanente, Rafael Buelna Clark, presentó un posicionamiento en relación a la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido en 1997 al aprobarse la resolución 52/149 que proclama el 26 de junio como tal.
Recordó que el 26 de junio de 2017, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de referencia, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Esta Ley, que es de observancia obligatoria en todo el país, tiene por objeto establecer la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir y sancionar los delitos de tortura, conducta que comete quien, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medio de coacción, medida preventiva o por razones basadas en discriminación, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, indicó el diputado Buelna Clark.
Agregó que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2000 y 2014 se registraron 136 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con actos de tortura y 9 mil 988 sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes. En éstos se identificaron como principalmente afectados a quienes han sido sujetos de una detención en flagrancia o con orden judicial, o aquellas que se encuentran bajo custodia de alguna autoridad o servidores públicos pertenecientes a corporaciones policiales.
Una de esas denuncias lamentablemente se dio en Sonora con el caso de Gisela Peraza Villa, mismo que aún continúa en tribunales y que involucra a funcionarios de la anterior administración estatal, señaló, por lo que serán los tribunales los que tendrán la última palabra.
“Lo cierto es que no basta con la aprobación de una ley que persiga y castigue a los torturadores. Es necesario trabajar más en la prevención y erradicación de este delito, tal y como se establece en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y su protocolo facultativo”, puntualizó el Presidente de la Diputación Permanente.
