¿La muerte tiene permiso en Sonora?.- Crece la inseguridad en Cajeme, hay azoro entre las familias, ante la violencia que no cesa.- El caso de Alexis Rafael debe esclarecerse puntual y escrupulosamente.- Sus familiares exigen justicia
Bernardo Elenes Habas
La muerte, tiene permiso en Cajeme. En Sonora.
Puede desplazarse por calles y caminos, con uniformes de policía o vestimenta de sicarios.
Ejecuta a supuestos culpables. A presuntos inocentes.
Incluso, llega a los extremos de la barbarie, como el hecho de quemar vivo a algún ser humano. Acto detestable que sólo puede anidar en mentes desquiciadas, terriblemente enfermas de odio.
Lo más deplorable, es que no se trata solamente de los consabidos “ajustes” entre bandas criminales, sino que, también, por equivocación, fuego cruzado o miedo que enceguece a los policías que aprietan el gatillo ante cualquier circunstancia, cobran vidas inocentes.
Hay casos documentados. Otros soterrados en la fría conciencia de las autoridades, quienes, desde atrás de sus
escritorios, se han acostumbrado a los derramamientos de sangre.
El hecho de terror más reciente, que golpea la capacidad de asombro de las familias en general, es el que ocurrió la madrugada del domingo (1:30 horas), cuando un joven de 26 años de edad, estudiante y trabajador, conducía su auto de alquiler –Uber-, por el área de las calles 6 de Abril y callejón Perú, en la colonia Hidalgo, siendo abatido –dice la información que me llega- por elementos de la Policía Estatal del Seguridad, quienes perseguían a delincuentes que tripulaban un vehículo tipo sedán, color blanco, confundiéndolo con el carro que conducía Alexis Rafael R. L., abriendo fuego contra su unidad, la que impactó a una pickup estacionada, arreciando los “defensores de la sociedad” la metralla. Hiriendo gravemente al joven estudiante, quien, finalmente, perdió la vida desangrado.
Ayer lunes, al filo de las 13:00 horas, el ataúd conteniendo sus restos mortales, fue llevado por familiares y amigos ante las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicadas en calles Jalisco y Yaqui.
Ahí, la hermana del acribillado, Joana Rivera López, se dirigió con voz angustiada a la gobernadora Claudia Pavlovich, pidiendo se haga justicia. Exigiendo, también, la destitución de Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública en el Estado.
Argumentó que inexplicablemente los partes policiacos pretenden ubicar a su hermano como agresor, cuando ante la lluvia de balas que llegaba a su auto trataba de escapar y al mismo tiempo llamando a su mamá para que le mantuviera abiertas las puertas de su vivienda donde buscaría refugiarse…
Hechos, sin duda, desesperantes, que tendrá que enfrentar con toda entereza y mediante investigación puntual, escrupulosa, la gobernadora Pavlovich, quien está obligada a dar la cara, a actuar a favor de una sociedad lastimada, que a estas alturas de su mandato siente que su seguridad está cruelmente amenazada por el crimen organizado, pero también por quienes deberían de combatirlo.
Es inevitable pensar que los únicos culpables de lo que está sucediendo en comunidades nobles y de trabajo como Cajeme y de otras partes de Sonora, son los representantes de los niveles de Gobierno estatales y federales, quienes han venido postergando acciones de fondo contra una red perversa de delincuentes, permitiéndoles, con esa tibieza, cartas de residencia; demostrando, inexplicablemente, incapacidad para atender el reclamo diario, consistente, desesperado de una sociedad que se siente abandonada a su suerte.
Estos datos son para horrorizar a toda familia: en el Municipio, Julio podría cerrar con más asesinatos que días tiene el mes.
La muerte tiene permiso en Cajeme. En Sonora.
¿Quién extendió esos documentos?
Le saludo, lector.
