La Primera Comisión de la Permanente -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia-, que preside el senador José María Tapia Franco, aprobó 13 dictámenes de punto de acuerdo en materia de feminicidios y agresión, mejoramiento de seguridad pública y delitos cometidos en los sistemas de transporte colectivo.
El primero de ellos solicita a las entidades federativas con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que en el marco de sus respectivas atribuciones difundan la información general y estadística sobre los casos de violencia feminicida y de género, a fin de promover la transparencia de dicha información.
Esto, debido a que las cifras que se recolectan y forman parte del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres no reflejan información explícita sobre los casos de feminicidios en las diferentes entidades que lo conforman.
El punto de acuerdo subraya que la violencia contra las mujeres, resultado de una situación de desigualdad que perdura en nuestro país y la falta de cifras concretas en las entidades federativas sobre los casos de violencia feminicida, obstaculizan el desarrollo de políticas públicas y acciones emergentes que eviten o, en su caso, disminuyan los casos de violencia contra las mujeres y niñas.
Otro punto pide al gobierno de la Ciudad de México que, a través de sus secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública, y en coordinación con la dirección general del Metrobús, fortalezcan sus estrategias en materia seguridad a fin de combatir la incidencia de delitos cometidos en dicho transporte público.
La causa, explica el texto, “son los 294 asaltos registrados en el Metrobús, según notas periodísticas, lo cual es un panorama que vulnera la tranquilidad e integridad de los usuarios”.
Otra solicitud en el mismo sentido pide al gobierno de la CDMX y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que en el marco de sus respectivas atribuciones fortalezcan las acciones para combatir la delincuencia e inseguridad en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), denominado Metro.
La Primera Comisión avaló el exhorto al jefe delegacional de Cuajimalpa para reforzar las medidas de seguridad pública a fin de procurar el bienestar de la sociedad.
Uno más, a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que en el marco de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada refuercen las acciones y estrategias de combate a la delincuencia organizada para garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores del campo y sus familias.
El origen, comenta el texto, es que la situación de los campesinos en sí misma es difícil en razón de la falta de apoyos gubernamentales para la producción y comercialización de sus productos; aunado a esto, la presión del crimen organizado empeora las condiciones de vida de los trabajadores del campo y sus familias.
Otro dictamen más exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a fortalecer los protocolos que garanticen el debido proceso legal de los indiciados, respetando en todo momento sus garantías individuales.
Se avaló pedir al Sistema Nacional de Protección Civil que fortalezca las campañas nacionales de prevención que informan a la sociedad sobre las diversas medidas a seguir en caso de desastre o emergencia, priorizando lo referente a sismos.
Dichas medidas tendrían como objetivo que en los simulacros toda persona las conozca así como los lugares de protección que pudieran utilizar, en caso de presentarse un movimiento telúrico.
Se aprobó también pedir al titular del gobierno de la Ciudad de México garantice la prestación de los servicios en los albergues de la demarcación bajo condiciones de estancia digna, entre ellas sanitarias, de esparcimiento y seguridad.
Otro, busca que la Comisión Permanente exhorte al Congreso de Quintana Roo para que en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de integrar al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de esa entidad.
Se aprobó pedir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, informe a esta soberanía sobre los avances en la investigación de la muerte de Silvestre de la Toba Camacho, ocurrida el pasado 20 de noviembre.
Uno más pide a la PGR y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a que en el marco de sus respectivas atribuciones informen a esta soberanía las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.
Esto, derivado de los datos oficiales en la entidad que citan a 164 mujeres desaparecidas, mientras que organizaciones locales dicen que son cerca de 500.
También se pide en otro punto exhortar al gobierno del estado de Chihuahua para que, en coordinación con los ayuntamientos de la entidad, fortalezcan la estrategia de seguridad que evite el incremento de los delitos de alto impacto.
Por último, se aprobó el punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por el trabajo que se lleva a cabo en defensa de los migrantes mexicanos a nivel nacional e internacional, realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México.
