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La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), atraer el caso del comunicador oaxaqueño Osvaldo Carrillo Hernández, quien ha denunciado agresiones en su contra.

 

Lo anterior, luego de que el periodista manifestara ataques a su persona por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) de Oaxaca, Eduardo Rojas Zavaleta, sin obtener ninguna respuesta de autoridades locales.

 

Osvaldo Carrillo Hernández, director general del portal digital Controversia “La Otra Cara del Periodismo”, ha expresado que después de denunciar los hechos, las autoridades estatales no han integrado la carpeta de investigación del caso.

 

La diputada también hizo un llamado al gobierno de Oaxaca para que a través de la Unidad para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión del estado, se atiendan y resuelvan las agresiones contra las y los comunicadores de esa entidad.

 

Velázquez Valdez agregó que Oaxaca es el tercer estado más peligroso para ejercer el periodismo en todo el país.

 

Al lamentar los actos del titular de SEDAPA denunciados por el periodista Carrillo Hernández, la legisladora recordó que la organización Artículo 19 sostiene que el 53 por ciento de las agresiones contra informadores en el país son cometidas por servidores públicos.

La Comisión de Cultura y Cinematografía analiza una iniciativa para sancionar a quien, con fines comerciales y/o recreativos, realice tomas fotográficas, videograbaciones y filmaciones de monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, con el uso de drones y sin licencia emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

La iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pretende sancionar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de esta norma.

El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI), promotor de la reforma, refirió que la facilidad en la compra y operación de este Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia, mejor conocido como dron, no siempre resulta beneficiosa, ya que muchas veces quienes los adquieren no cuentan con los conocimientos y la habilidad necesarios, lo que representa un riesgo potencial para las personas y las construcciones de cualquier tipo sobre las que vuelen estos aparatos.

“La falta de experiencia, conocimientos y/o destreza al utilizarlos puede derivar en un potencial accidente de graves e irreparables consecuencias al caer o chocar sobre alguna edificación, agravándose si ésta es parte de nuestro patrimonio cultural”, acotó el secretario de la Comisión de Radio y Televisión.

Explicó que en octubre de 2017 se publicó en las redes sociales una fotografía de la zona arqueológica de Chichen Itzá, tomada mediante un dron; sin embargo, su autor no solo no cubrió los derechos estipulados en el Artículo 288–D de la Ley Federal de Derechos, sino que además realizó esta actividad en un horario en que el lugar estaba cerrado al público.

Precisó que el objetivo principal de la iniciativa es dotar de mecanismos legales efectivos contra la destrucción y afectación de los bienes inmuebles considerados monumentos históricos o artísticos y zonas de monumentos.

El diputado federal por Zacatecas refirió que la reforma pretende adecuar las normas administrativas federales a una realidad actual, la cual “se ha visto rebasada por el proceso social y tecnológico que atenta contra el patrimonio cultural de la nación, ya sea por ignorancia, dolo o especulación, así como por el desarrollo urbano no planificado”.

Dijo que actualmente nos enfrentamos a importantes problemas políticos, sociales y socioeconómicos que impactan el patrimonio cultural de la nación, integrado por monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, por lo que “resulta imperante actualizar su ordenamiento legal, con reformas que nos permitan salvaguardar nuestro legado histórico”.

• La atención oportuna de la enfermedad aumenta considerablemente el índice de sobrevivencia, por eso la importancia de auto explorarse.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informó que pese a que el cáncer de mama se ha convertido en una enfermedad crónica por el número de casos diagnosticados, las estadísticas indican que se han incrementado los registros de detecciones en etapas tempranas.

La diputada Rocío Nahle García (Morena) planteó exhortar a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Energía (Sener) y de Economía (SE) a que presenten un programa de fortalecimiento de la producción nacional y una distribución eficiente de los bienes, para evitar el alza en el precio de la tortilla, así como reducir el costo del gas LP y de las gasolinas, con el fin de apoyar a las familias mexicanas.

 

En un punto de acuerdo que analiza la Tercera Comisión de la Permanente, propone que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía publiquen el comportamiento promedio de los precios de las gasolinas, así como de su composición, que permitan a los ciudadanos conocer la evolución de los costos y de los impuestos.

 

Nahle García recordó que en los primeros días de 2018, los consumidores “nos encontramos con diversas notas periodísticas que testimoniaban aumentos en los precios de los bienes de la canasta básica, destacadamente en el precio del gas LP y en la tortilla”.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017 los precios de la gasolina Magna crecieron 16.5 por ciento, más del doble que la inflación; a su vez, el costo de la Premium aumentó 21.9 por ciento, tres veces la inflación anual.

 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer algunas acciones y advertencias para aquéllos que modifiquen los precios injustificadamente. En el caso particular de la tortilla, “la intención no es que los productores de la masa pierdan dinero, sino que no haya utilidades impúdicas en su venta”, dado que el maíz blanco hoy vale 11 por ciento menos que el año pasado.

 

En ese sentido, industriales de la tortilla coincidieron en señalar que las alzas al precio de ese producto no se revertirán, porque si bien el precio del maíz se contrajo, no fue así en el caso de la harina de maíz que controlan unas cuantas empresas.

 

Además, el precio de la mezcla mexicana de exportación pasó de 23.9 dólares por barril en enero de 2016, a 52.9 dólares por barril en noviembre de 2017, casi 30 dólares por barril adicionales. “Es de esperar que esa alza repercuta en los precios de las gasolinas pero no en mayores ingresos petroleros, como sí sucedía con Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

 

La diputada de Morena expuso que a pesar de que ha disminuido el consumo de gasolinas y gas LP, el volumen de importaciones pasó de representar 9.2 por ciento del total expendido en el país en 2003, a 70.2 por ciento hasta noviembre de 2017, cuando se vendió un volumen de 792 mil barriles diarios.

 

Aunado a ello, añadió, está el hecho de que el peso se ha devaluado más de 50 por ciento, de 12.9 pesos por dólar en diciembre de 2012, a 19.6 en diciembre de 2017, lo que repercute en mayores precios al consumidor, pero también en los costos de distribución comercial y de producción del campo.

 

Mencionó que para estimar cuánto puede crecer la inflación, no se puede perder de vista que parte de la estrategia de los últimos años fue sustituir la producción interna por importaciones que permitieran bajar los precios. “Eso se agotó y ahora es de esperar que los precios internos compensen en mayor medida el efecto de la devaluación, porque mientras la inflación acumulada en lo que va del sexenio es de 21.26 por ciento, la devaluación es de 50 por ciento”.

 

También, existe el riesgo de nuevas presiones sobre la paridad, provocadas por los términos de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma fiscal de Estados Unidos, la normalización de la política monetaria en ese país y la posibilidad de un aumento de la inflación por la dificultad de reducir el exceso de liquidez internacional.

 

Por ello, pugnó Rocío Nahle para que las autoridades de Hacienda, Energía y Economía asuman una mayor responsabilidad y reconozcan que el problema no se limita a la especulación, sino a las distorsiones que han impuesto a la estructura económica del país. “Se requieren correcciones y medidas de nuevo tipo”.

El día de ayer en redes sociales se menciono mucho el hecho de que se registraran algunos de los aspirantes a las distintas candidaturas de elección popular de Cajeme.

Para alcanzar las candidaturas los aspirantes deberán reunir una serie de requisitos entre los que se contemplan un determinado numero de firmas que avalen su candidatura, pudiendo erogar hasta un 10% del tope del gasto de campaña respectivamente, de esto según el distrito o municipio del que aspiren a ser contendientes.

• Para Presidente Municipal se registro José Rodrigo Bours Castelo, quien deberá reunir 9383 firmas.
• Andrés Márquez por la diputación local para el Distrito 15 quien deberá reunir 3132 firmas.
• Ramón Chavez por la diputación local para el Distrito 16 quien deberá reunir 3093 firmas.
• Roberto Vargas por la diputación local para el Distrito 17 quien deberá reunir 3158 firmas.
• Terencio Valenzuela quien ya reunión las firmas para la Diputación Federal por el distrito 6 de Cajeme, sin embargo no cuenta todavía con la constancia que las acredite.

• Para el cierre de este año, el sector privado espera que los precios al consumidor bajen a 3.96

 

11-01-2018.- El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados reveló que la variación anual de 6.77 por ciento en la tasa de inflación de 2017, representó más del doble del objetivo en la materia de precios, y fue superior a la prevista por el sector privado (6.56%) y a la estimada en los Criterios Generales de Política Económica 2018 (5.8%).

 

También, se ubicó por quinceava vez consecutiva por arriba del objetivo (3%) y por doceava ocasión rebasó el límite superior del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) establecido por el Banco de México (Banxico) y resultó ser la más alta desde junio de 2001.

 

En el documento “Evolución de precios diciembre 2017”, el CEFP argumentó que en ese mes, los precios al consumidor tuvieron un incremento mensual de 0.59 por ciento, cifra superior a la que registró un año atrás (0.46%) y a la calculada para ese periodo por el sector privado (0.42%).

 

La variación de los precios, se explicó, ocurrió sustancialmente por el alza del costo de otros servicios (turísticos en paquete, transporte aéreo y restaurantes y similares) que contribuyeron con 0.168 puntos porcentuales (pp) de la inflación; las frutas y verduras (jitomate y calabacita), que aportaron 0.136 pp; y los energéticos (gas doméstico LP y gasolina de bajo octanaje), que significaron 0.083 pp.

 

Mencionó que la inflación general anual promedio fue de 6.59 por ciento en el cuarto trimestre de 2017, que implicó continuara el repunte en el nivel de la inflación mayor al 3.24 por ciento registrada en el último trimestre de 2016 y del 6.48 por ciento, en el último trimestre de 2017.

 

Tal situación, significó que la inflación general se estableciera por arriba del objetivo inflacionario por quinto trimestre y por cuarta vez por encima del límite superior del intervalo de variabilidad.

 

El CEFP indicó que durante diciembre de 2017, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) total, excluyendo petróleo, registró un incremento mensual de 0.46 por ciento, cifra inferior al alza observada un año atrás (0.98%).

 

Esto se explica por el menor incremento del costo de las actividades secundarias, de 0.27 por ciento (1.23% en diciembre de 2016) y de las terciarias, de 0.71 por ciento (0.78% un año atrás); ello pese al alza del precio de las primarias, de 0.90 por ciento (-0.59% en el mismo mes de 2016).

 

El INPP total, excluyendo petróleo, alcanzó un incremento anual de 4.65 por ciento, menor a la que registró un año atrás (8.52%) y al que tuvo en enero de 2017 (9.81%). El aumento anual del INPP estuvo por abajo del que exhibió el INPC (6.77%).

 

En el doceavo mes de 2017, el aumento anual en los precios de las actividades primarias, secundarias y terciarias fue de 5.35, 4.86 y 4.23 por ciento, respectivamente (9.53, 11.64 y 3.69%, de manera correspondiente, un año atrás).

 

Además, mencionó que el sector privado prevé que la inflación general anual baje y cierre el 2018 en 3.96 por ciento respecto a 2017 (6.77%); sin embargo, aún es mayor a la que se observó en diciembre de 2015 cuando terminó en 2.13 por ciento. La expectativa inflacionaria se acercó al límite superior del intervalo de variabilidad del Banco Central dado que para un mes antes esperaban un nivel de 3.91 por ciento.

 

Para finales de 2019, los especialistas prevén un menor incremento de precios al ubicarla en 3.66 por ciento en comparación al anunciado para 2018 (3.58% en la encuesta de noviembre); así, se estima que la inflación baje, pero continuará por encima del objetivo, aunque dentro del intervalo de variabilidad.

 

Banxico anticipó que la inflación general anual exhibirá una lenta convergencia al objetivo inflacionario en 2018 y que alcance niveles cercanos a dicho nivel al cierre del año, teniendo en cuenta un comportamiento ordenado del tipo de cambio, ausencia de presiones provenientes del mercado laboral, y que no se repitan los choques que afectaron durante 2017.

 

• No se permitirán apoyos que digitalicen la credencial a partir de fotocopias: Benito Nacif
• Rechazará INE apoyos a independientes que no cumplan con las características establecidas
• La información dada a conocer por el INE hasta ahora es preliminar; es decir los datos pueden variar conforme avancen las revisiones

El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en proceso de validación de los apoyos ciudadanos que a la fecha han recabado las y los aspirantes a alguna candidatura independiente para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En conferencia de prensa, el Consejero Electoral Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos afirmó que la revisión de apoyos ciudadanos que realiza el INE a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, busca que cada registro tenga entre sus características que los datos capturados coincidan con los de la credencial para votar y que haya foto de una credencial para votar original.

 

Además, la credencial deberá ser fotografiada desde la aplicación por el anverso y reverso y que se haya capturado una firma.

“Cabe aclara que, como parte de la revisión, se declararán improcedentes los apoyos que hayan sido respaldados por imágenes de fotocopias o cualquier formato de credencial para votar que no hayan sido emitidos por esta autoridad”, dijo.

El Consejero Nacif y las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, dieron conocer que, como resultado de este proceso de revisión realizado, hasta ahora se han encontrado inconsistencias e irregularidades.

Por ello, añadió el Consejero, el Instituto ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador de forma oficiosa para deslindar responsabilidades en aquellos casos en que dichas inconsistencias e irregularidades sean contrarias a la ley.

Toda la información capturada por los aspirantes y sus auxiliares es preliminar, es decir, ningún aspirante puede afirmar que por tener o superar el número de firmas requeridas ya tiene garantizada la inscripción de su nombre en la boleta. Es posible que las cifras publicadas de forma diaria sufran modificaciones producto de la revisión final del Instituto.

Asimismo, cada apoyo no validado por el INE podrá ser objeto de la garantía de audiencia de las y los aspirantes para que puedan alegar lo que a su derecho convenga.

 

La próxima semana será presentado un primer informe sobre el proceso de acopio de apoyos a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que de esta forma el INE pueda brindar información precisa y oportuna a la ciudadanía.

La tarea central del Instituto en este proceso es garantizar los derechos políticos de las personas en dos vías: tanto para quien participa brindando su firma de apoyo a algún/a aspirante, como de quien se encuentra recabando el apoyo en su legítima aspiración de obtener una candidatura independiente.

En ese sentido, tener plena certeza sobre la validez y la autenticidad de los apoyos brindados resulta fundamental y, con ese objetivo el Instituto lleva a cabo una revisión detallada y exhaustiva de los apoyos recibidos, como se ha hecho en procesos anteriores.

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (PAN), propuso exhortar a la secretaría del ramo, a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a las 32 entidades, a que a nivel nacional pongan en circulación la campaña de salud check-up y apliquen exámenes a la población, con la finalidad de detectar y tratar a tiempo diabetes, obesidad e hipertensión.

 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) colocan a México entre los primeros lugares de enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes y obesidad; “de ahí la importancia de prevenir y detectar a tiempo problemas de salud a través de exámenes clínicos y médicos periódicos, acordes con los antecedentes familiares, hábitos y características de sexo y edad de cada persona.

 

Íñiguez Mejía mencionó que el check-up es un grupo de pruebas médicas que tienen como finalidad la detección temprana de alguna enfermedad en busca de incrementar las posibilidades de cura a través de un tratamiento en las primeras etapas del padecimiento”.

 

En un punto de acuerdo que analiza la Segunda Comisión de la Permanente, indicó que los precios de los check-up en los laboratorios privados varía de acuerdo al tipo de examen que se adecue al paciente; el rango oscila entre los 300 y los 3 mil 500 pesos.

 

Sin embargo, las personas derechohabientes cuentan con la disposición de este servicio en las instituciones públicas. Pero en la gran mayoría de los casos, la cobertura del sector salud lo realiza focalizado para detectar alguna manifestación física derivada de alguna dolencia o padecimiento; es decir, lejos de ser preventivo, es reactivo.

 

Abundó que se requiere que las instituciones de salud de cada estado se coordinen para implementar este servicio de manera adecuada; que los médicos especialistas en la materia revisen la condición de los pacientes y verifiquen el tipo de examen que se requiere, a fin de evitar gastos innecesarios o consecuencias que imposibiliten al paciente continuar sus actividades normales.

 

El diputado del PAN consideró necesario que institutos de salud pongan a disposición de la población programas de revisiones y tratamientos médicos, debido al sinnúmero de enfermedades que afectan a la población, entre ellas las crónico degenerativas que además de cobrar el mayor número de vidas, demandan al Estado mayores recursos para su atención, como son diabetes, obesidad e hipertensión.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en unos años, habrá más adultos mayores de 60 años que niños menores de 14 años, lo que implica que para 2050 habrá 17.4 millones de niños de 0 a 14 años y 28 millones de personas de más de 65 años, quienes representarán una cuarta parte de la población.

 

Relató que el check-up básico, en la mayoría de los casos va orientado a adultos jóvenes de 20 a 35 años y está compuesto por análisis que permiten ver los niveles de ácido úrico, calcio y fósforo, entre otros.

 

En tanto, el completo o ejecutivo, suele estar diseñado para personas mayores de 40 años. Está compuesto por valoraciones nutricionales, de odontología, oftalmología y otros diagnósticos multidisciplinarios.