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Hermosillo, Sonora; enero 22 de 2018.- Lo que al inicio de la administración veíamos como uno de los grandes retos, hoy es una realidad, sabemos que vamos por la ruta correcta, sabemos que hay mucho por hacer y estamos dispuestos a seguir trabajando en ello, afirmó Maloro Acosta.

El Presidente Municipal, inauguró este lunes el Centro de Inteligencia y Seguridad Municipal (CISEM), en el que se invirtieron 21 millones 449 mil de pesos de recursos propios y que reforzará las acciones de prevención en materia de seguridad pública.

“Hoy en Hermosillo se respiran aires distintos, sabemos que vamos por la ruta correcta, tenemos claro que hay mucho por hacer y estamos dispuestos a seguir trabajando en ello”.

“Hoy instalamos cámaras más modernas, un centro de inteligencia donde estamos listos para la prevención y estamos ubicándonos en esas colonias donde realmente no podía pasar una persona al atardecer, porque era muy probable que sufriera algún asalto, y estamos ubicando ahí las primeras antenas y las primeras cámaras, y vamos a continuar”, recalcó.

Ante empresarios, dirigentes de Cámaras empresariales, magistrados e invitados especiales, Maloro Acosta indicó que la seguridad pública es un tema prioritario para garantizar la tranquilidad de los hermosillenses.

“Se trata de darle prioridad a este tipo de temas, calidad de vida a los hermosillenses y no sumarnos al discurso fácil de la destrucción, de la división, de la intriga, del pesimismo, creo que en medio de tantos retos, hemos dado un paso importante y así lo seguiremos haciendo todos los días”, mencionó.

El Comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jorge Suilo Orozco, informó que el Centro de Inteligencia y Seguridad Municipal era un inmueble que estaba en desuso en administraciones pasadas y que por instrucción de Maloro Acosta se acondicionó y se transformó en un importante centro para la vigilancia y toma de decisiones en materia de seguridad pública.

“Este Centro es una muestra más del esfuerzo del Presidente Maloro Acosta y su convicción por dar seguridad a todos los hermosillenses”, mencionó.

Al CISEM se conectarán 95 puntos de observación, 70 de las cuales son fijas y 25 tienen ángulo de 360 grados, ubicadas en cruceros de diferentes sectores de la ciudad, que permitirán alertar sobre la posible comisión de un delito, o bien, ubicar o dar seguimiento a algún hecho delictivo y reforzar las acciones de seguridad en tierra.

• La plataforma digital facilita el trámite desde cualquier parte del mundo

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De las 557 mil actas de nacimiento expedidas a través de la estrategia “Tu Acta en Línea”, el 53 por ciento corresponde a documentos de identidad obtenidos en el Registro Civil de la Ciudad de México, informó el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Vicente Lopantzi García.

Destacó que la modernización en los trámites relacionados con la identidad y el estado civil permitió a la capital tramitar 299 mil 773 actas de nacimiento de personas de todo el país.

El funcionario enfatizó que mexicanos residentes en Estados Unidos pudieron agilizar la gestión que prueba su identidad ante cualquier incidente de carácter migratorio en la nación vecina.

Lopantzi García recordó que antes del anuncio presidencial a inicios de año para obtener el acta de nacimiento por Internet, la Metrópoli disponía de la capacidad tecnológica suficiente que generó miles de documentos que son la llave que abre la puerta a mayores derechos como salud, educación y programas sociales.

“Siempre a la vanguardia, con un servicio óptimo, de calidad y útil para la población, la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa implementó estrategias digitales que nos están convirtiendo en la primera entidad con identidad, es decir, que a nadie le falte el documento base para iniciar la vida y ampliar las oportunidades de desarrollo”, dijo.

En el marco de la jornada de fin de semana de “El Abogado en tu Casa”, que se llevó a cabo en la plaza cívica de San Andrés Tetepilco de Iztapalapa, el consejero jurídico capitalino resaltó que la CDMX tiene el nivel de subregistro más bajo de México.

Agregó que sus esquemas para abatirlo completamente son estudiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a fin de replicarlos en la región.

Vicente Lopantzi García subrayó que los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México refrendan el compromiso con el acuerdo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo propósito es garantizar la identidad jurídica de todos los ciudadanos.

Nuevo León cuenta con la capacidad para posicionarse como un estado líder en la industria energética del país.

Tras inaugurar en el Centro Convex el primer Encuentro Energético, Fernando Turner, Secretario de Economía y Trabajo, señaló que este foro se convierte en una plataforma de oportunidades de negocio.

«Tenemos la potencia, la capacidad, el interés de la actividad empresarial para aprovechar esta oportunidad y hacer negocio», refirió el funcionario estatal.

«Nuevo León es el segundo estado consumidor de energía y ahí hay oportunidades evidentemente de distribución, de comercialización, de entrega en diferentes etapas de la cadena de distribución, de almacenamiento.

«Hay muchas oportunidades, ojalá que podamos desarrollar en Nuevo León una industria nacional de producción, de extracción, de transformación, de conducción».

En el foro, que concluye este miércoles, se desarrollarán 18 mesas de trabajo para impulsar las empresas manufactureras como proveedores de la industria energética.

El Secretario de Economía y Trabajo presentó la iniciativa Nuevo León 4.0, que tiene como propósito convertir al estado en una de las principales plataformas industriales del mundo a través de la aplicación de nuevas tecnologías.

Turner manifestó que el estado construirá en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, un Campus de Innovación en Diseño y Manufactura Digital, el más avanzado de Latinoamérica.

En el centro se podrán hacer análisis con las últimas tecnologías y software a nivel mundial.

«Ahí se va a tener oportunidad de producir, fabricar, diseñar y probar cualquier tipo de producto, inclusive piezas de aviones, taxis aéreos, drones, equipos de bombeo, equipos eléctricos, distribuidores», puntualizó.

«Todo ese tipo de cosas se van a poder simular, analizar, ver su costo, ver las posibilidades de diferentes usos de materiales con los softwares y los equipos que vamos a tener ahí».

A la inauguración del encuentro asistieron Betsabé Rocha, Secretaria Técnica de la Secretaría de Economía y Trabajo; Héctor Márquez, titular de la Unidad de Contenido Nacional y Cadenas Productivas de la Secretaría de Economía a nivel federal; Alfredo García, Vicepresidente de Operaciones de BP Exploración, y César Cadena, presidente del Clúster Energético del estado.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), llevó a cabo este 21 de enero una edición más del Domingo Verde en los Bosques de Chapultepec, San Juan de Aragón y Tlalpan.

En esta ocasión, el Bosque de Chapultepec recibió a 965 personas, de las cuales 122 asistieron al taller introductorio de Huertos Urbanos; mientras que el Bosque de San Juan de Aragón tuvo una afluencia de 1,097 visitantes, de los cuales 183 decidieron tomar este taller; y el de Tlalpan tuvo 583 asistentes y se impartió el taller a 245 personas. Quienes realizaron actividades recreativas y de concientización ambiental.

Este programa se implementa el tercer domingo de cada mes con el objetivo de promocionar el consumo de alimentos locales y difundir nociones básicas para la creación de huertos urbanos, por medio de actividades recreativas.

‪A partir de las 10:00 horas, Domingo Verde puso a disposición de la ciudadanía un mercado de productos a precios justos como hortalizas, quesos, mole, dulces típicos, plantas aromáticas y ornamentales, entre otros provenientes de las zonas lacustres de la CDMX.

También se impartieron de manera gratuita clases de yoga y talleres de elaboración de macetas orgánicas y composta.

Para mayor información sobre las actividades del Domingo Verde se puede consultar la página ‪consulte www.sedema.cdmx.gob.mxo las redes sociales de SEDEMA como Facebook: BosqueDeChapultepecOficial, Secretaría del Medio Ambiente o Twitter: @ChapultepecCDMX y @SEDEMA_CDMX.

Durante el presente año, el Gobierno Ciudadano invertirá 700 millones de pesos en la rehabilitación de caminos y carreteras.

Tras dar a conocer el Programa de Obras del 2018 para Nuevo León, Humberto Torres Padilla, Secretario de Infraestructura, informó que con estos recursos se habrá rehabilitado el 85 por ciento de los 3 mil 200 kilómetros que conforman la red estatal.

Entre otros proyectos, el Gobierno Independiente contempla destinar 100 millones de pesos para techumbres de escuelas; 105 millones de pesos para tres preparatorias militarizadas; 100 millones de pesos para el Archivo General del Estado, y 80 millones de pesos de inversión para agroparques.

«Estas son las obras principales que el Estado está proyectando para este año, los cuales se sumarán a todo lo que ya está ahorita en proceso», indicó Torres Padilla.

«(También) 70 millones para el hospital psiquiátrico; 50 millones para el parque ecológico La Pastora; 50 millones para la interconexión Monterrey San Pedro; 30 millones en jardinerías para el Metro, en las líneas 1 y 2, principalmente; 40 millones para terminar los pisos del 4 al 10 del Hospital de Alta Especialidades».

Además se destinarán 30 millones para un centro de investigación en Iturbide; 25 millones para concluir obras exteriores del Hospital General de Montemorelos y que no están consideradas dentro de la normatividad del Seguro Popular; 8 millones para la rehabilitación del Museo de Lampazos; 5 millones para rehabilitar el puente de Los Ramones; y 5 millones para el malecón ribereño del Río Ramos.

«Estas son las principales obras adicionales a la inversión que ya se tiene en proceso del año pasado y que estamos contemplando dentro del presupuesto estatal», agregó el funcionario estatal.

«Aunado a esto van 300 millones para el Penal de Apodaca, que será continuación del gasto de la inversión programada y que ya está en ejecución de los 300 millones del 2017, por lo que sumaremos una inversión para el Penal de Apodaca de 600 millones sumando los dos ejercicios».

Otra obra que iniciará el Estado en colaboración con el municipio de San Nicolás de los Garza, es una gaza sobre la Avenida Fidel Velázquez, entre Nogalar Sur y Avenida Universidad, por 40 millones de pesos, proveniente del Fondo Metropolitano 2017, y 15 millones de pesos de aportación municipal.

«Adicional, a lo que va a ser la inversión este año de 40 millones para el Hospital Metropolitano, lo cual se va a sumar a la licitación que ya traemos en proceso», dijo.

«Son dos licitaciones que en total suman 40 millones de pesos, estaremos logrando con recursos estatales una inversión directa de 80 millones de pesos al Hospital Metropolitano, más lo que podamos sumar en función a los acuerdos que el Estado tenga con los alcaldes», indicó.

Contempla NL ampliar recursos del Fondo Metropolitano

Carlos Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, mencionó que por primera vez el Gobierno federal concursará el Fondo Metropolitano, por lo que Nuevo León espera ampliar la partida de 284 millones de pesos ya aprobada para este ejercicio 2018.

Para ello, se buscará una reunión en breve con los alcaldes del área metropolitana para analizar proyectos.

El Secretario de Infraestructura dijo que el Estado propondrá destinar recursos del Fondo a obras relevantes de gran beneficio comunitario, como trabajos de remodelación del Hospital Metropolitano y la inversión en sistemas de sujeción de vías de las líneas 1 y 2 del Metro.

Es de esperarse que distinto a lo ocurrido en el proceso de selección de Raúl Arturo Ramírez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahora los integrantes de la legislatura estatal hagan bien su chamba y no incurran en las ligerezas que llevaron a ese organismo al descrédito ante la sociedad sonorense.

Al parecer en esta ocasión en el Congreso del Estado se están poniendo las pilas para hacer una criba más estricta de aspirantes y evitar se cuele con posibilidades de electividad algún personaje que a la postre actúe como lo ha hecho desde fines del 2010, el sujeto que escribió lo más negro de la historia de la CEDH en Sonora.

Inopinadamente y contra todos los pronósticos ratificado a fines de diciembre del 2013, dicho sujeto deberá responder por sus atropellos y violaciones a los derechos humanos perpetrados por él mismo y es de esperarse que quien resulte el nuevo ombudsman, esa sea una asignatura y compromiso.

Al menos en el actual proceso de selección se observa una metodología de medición más o menos clara y específica de perfiles de los aspirantes, así como también, que distinto a la designación y luego ratificación del que se va, desde el Palacio de Gobierno no se advierte ninguna señal de intromisión y distinto al PAN-Gobierno, ahora la representación popular sonorense actúa y decide con autonomía.

Pues vale más que en la sesión del 1 de febrero las dos terceras partes de la 61 Legislatura Estatal tomen la mejor decisión, porque la CEDH y la figura del ombudsman en esta entidad merece ser rescatada de la ignominia y del desprestigio que representa el repelente sujeto que la preside.

Por lo pronto, este lunes se dio a conocer el calendario de entrevistas de dos mujeres y 11 varones que atendieron los términos de la convocatoria y quienes deberán aprobar seis criterios de medición y quienes mejor lo hagan deberán estar en condiciones de llegar al pleno para la fase final del proceso de selección y solo uno o una podrá cumplir sus aspiraciones.

La loquilla diputada presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Célida López Cárdenas dio a conocer la procedencia de los requisitos de 13 aspirantes, con la aclaración de que hubo 14 que manifestaron su intención de registrarse, pero uno de ellos de plano no cumplió con los términos de la convocatoria.

El jueves 25 de enero deberán comparecer los ciudadanos Andrés Montoya García, a las 16:00 horas; Octavio Grijalva Vásquez, a las 16:30 horas; Juan Francisco Alcaraz García, a las 17:00 horas; José David García Jaimes, a las 17:30 horas; José Isasi Siqueiros, a las 18:00 horas; Guillermo Alejandro Noriega Esparza, a las 18:30 horas y Alma Lydia Soto López, a las 19:00 horas.

El viernes 26 de enero continúan los ciudadanos Lourdes Rivera Valle, a las 10:00 horas; Jorge Alberto Sáenz Félix, a las 10:30 horas; Omar Alejandro Tiburcio Cruz, 11:00 horas; Pedro Gabriel González Avilés, a las 11:30 horas; Miguel Ángel Tapia Guell, a las 12:00 horas y Héctor Hernández García, a las 12:30 horas.

Durante 15 minutos podrán hacer una exposición de su proyecto de trabajo, así como para desarrollar las directrices que normarán su presidencia, en caso de ser electo para el cargo, apoyados de las herramientas necesarias para su exposición, para luego ser objeto de cuestionamientos por parte de quienes integran la comisión dictaminadora, quienes también tomarán en cuenta opiniones en favor o en contra que reciban de parte de la sociedad en los siguientes días.

La evaluación para determinar el mejor perfil incluye la acreditación del currículum con los documentos comprobatorios; demostrar formación académica adecuada para el cargo; Viabilidad del plan de trabajo; la trayectoria pública; resultado de las manifestaciones en favor o en contra de parte de la sociedad, y el desempeño de la entrevista ante la comisión dictaminadora, para en función de las calificaciones determinar los mejores perfiles y finalistas de la criba.

Tenemos la impresión de que de inicio ya van al menos cinco aspirantes que ven reducidas sus posibilidades de ser designados y el primero de ellos es Octavio Grijalva Vázquez, de reconocida militancia y simpatías por el PAN; ligado íntimamente al padrecismo y compinche de algunas barbaridades perpetradas por el actual presidente.

Otro que ve reducidas sus posibilidades es Andrés Montoya, quien a pesar de su excelente formación profesional, resulta dañado por ser parte actual de ese equipo como alto funcionario de la CEDH y peor Juan Francisco Alcaraz al confundir un proceso de selección exclusivo del Congreso del Estado con una elección de tipo partidista, al promover la firma de pacto de civilidad entre los aspirantes. Esa jalada y protagonismos con propósitos de autopromoción no lo muestran apto para el desempeño de su encargo.

También tenemos la impresión que si Jorge Sáenz Félix tenía alguna oportunidad de ser designado, la perdió por sus exabruptos no muy coherentes al término de la conferencia de prensa que ofreció la diputada López Cárdenas, aunque también pesa en contra el que ya haya sido presidente del organismo en el período inmediato anterior al del actual que está por terminar.

Vimos también un poquito salida de lugar a la señora Alma Lidia Soto López, quien en estos días ha tomado como base de operaciones la sede del Poder Legislativo en procuración de representantes de medios de comunicación, en el marco de una aparente urgencia no muy recomendable en estos casos.

En los últimos días se ha comentado que el caballo negro en este proceso de designación es Pedro González Avilés, actual director del sistema estatal penitenciario, sin que tengamos el menor elemento para dar como buena dicha observación, aunque por otra parte hay quienes aseguran que el “candidato oficial” es Guillermo Noriega Esparza, que de igual forma carecemos de algún dato que respalde tal entrecomillado.

A ojo de buen cubero, este común mortal considera que con mucho, el mejor perfil de entre los 13 registros es el último de los citados, quien si bien no es licenciado en derecho, cumple con creces el tener una trayectoria íntimamente ligada al respeto a los derechos humanos en Sonora, trayectoria mucho más amplia y con muchos más resultados que el resto, con todo y sus cueros de cochi que los acreditan como profesionales del derecho.

Ya veremos con qué salen quienes integran la comisión dictaminadora, la ya mentada diputada López Cárdenas; el mafioso Javier Dagnino; la sanluisina Lina Acosta, la cajemense Brenda Jaime; el perfilado para una diputación federal, Omar Guillén; la ídem diputada campirana, Iris Sánchez y el virtual candidato a la alcaldía de Hermosillo por el Partido Movimiento Ciudadano, Carlos León.

Y más buenas noticias para los hermosillenses, porque este lunes nuestro alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez inauguró el Centro de Inteligencia y Seguridad Municipal (CISEM), en el que con una inversión de 21 millones 449 mil de pesos de recursos propios, se reforzarán las acciones de prevención del delito y en defensa del patrimonio de los capitalinos.

Fregón quedó lo que antes era un inmueble en desuso y que ahora luce flamante y con equipamiento de tecnología desde donde se conectarán 95 puntos de observación, 70 de las cuales son fijos y 25 tienen ángulo de 360 grados, ubicadas en cruceros de diferentes sectores de la ciudad, que permitirán alertar sobre la posible comisión de un delito, o bien, ubicar o dar seguimiento a algún hecho delictivo y reforzar las acciones de seguridad en tierra.

Como ven, “El Maloro” avanza en atender y resolver uno de los grandes retos frente a las omisiones y negligencias que en materia de seguridad pública cometieron las administraciones del PAN y vaya que ha salido rendidor el Comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jorge Suilo Orozco, a quien hay que abonarle su gran capacidad de trabajo y compromiso con los hermosillenses en una de las áreas más delicadas en la administración municipal.

“Lo que al inicio de la administración veíamos como uno de los grandes retos, hoy es una realidad; sabemos que vamos por la ruta correcta, sabemos que hay mucho por hacer y estamos dispuestos a seguir trabajando en ello, afirmó Acosta Gutiérrez, ante empresarios, dirigentes de Cámaras empresariales, magistrados, líderes sociales e invitados especiales, a quienes subrayó que la seguridad pública es un tema prioritario para garantizar la tranquilidad de los hermosillenses.

• Esta enfermedad, primera causa de muerte entre mujeres y segunda en hombres

• En México, seis millones de personas están diagnosticadas con este padecimiento

22-01-2018.- La diputada María Victoria Mercado Sánchez (MC) impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para establecer el Registro Nacional de Diabetes, a fin de identificar, localizar y brindar atención a quienes sufren esta enfermedad, primera causa de muerte entre mujeres y segunda entre los hombres.

La iniciativa destaca que miles de mexicanos mueren cada año, a causa de “la diabetes mellitus”. Enfatiza que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en México existen diagnosticadas más de seis millones de personas con este padecimiento, cifra considerable tomando en cuenta que nuestro país es primer lugar en obesidad infantil.

Datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) precisan que el 14 por ciento de los adultos en México tiene diabetes, lo que podría llegar a significar 80 mil muertes por año.

“Algo que no se aprecia correctamente, es que muchas de estas muertes, además de ser prematuras, son precedidas por un periodo largo de discapacidad severa y costosa”, advierte el texto.

Añade que dicha enfermedad es la principal causa de ceguera prevenible en adultos en edad productiva, primera de insuficiencia renal terminal y amputaciones no traumáticas, y primer lugar en infartos al miocardio.

La propuesta señala que corresponderá a la coordinación del Sistema Nacional de Salud, a cargo de la Secretaría federal del ramo, establecer, promover y coordinar el Registro Nacional de Diabetes, que deberá integrarse con datos del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud.

Este registro contará con información del paciente sobre su identidad, historial ocupacional y laboral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales e Información Demográfica.

Asimismo, con información de la enfermedad, su diagnóstico, incidencia, tratamiento y seguimiento por parte de los médicos especialistas, agrega la propuesta de Mercado Sánchez.

El Paseo Dominical Muévete en Bici, de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de México, recibió este domingo a 76 mil 543 asistentes entre ciclistas, personas en patines, patinetas e incluso a pie, con lo que se rompió el record histórico de asistencia.

Las actividades de este Programa incluyeron por primera vez un juego de ajedrez gigante, el cual despertó el interés de la ciudadanía. En este juego se realizaron 12 partidas.

El programa se ha consolidado como la tercera ciclovía recreativa más grande del mundo, con una ruta que creció de 10 a 55 kilómetros y ya abarca 31 colonias de cuatro delegaciones: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Muévete en Bici ofrece cada semana (con excepción de la última de cada mes) actividades lúdicas, deportivas y educativas, como clases de yoga, activación física o la Biciescuela.

El Paseo Dominical tiene como propósito la recuperación del espacio público para que las familias puedan tener un sitio para el sano esparcimiento. Asimismo, tiene como misión fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte, en favor de la movilidad y la salud de los capitalinos.

Debido a que la Ciudad de México resulta atractiva por su combinación de vida contemporánea y preservación histórica, fue elegida por el sitio de viajes Trip Advisor como uno de los 10 destinos más populares del país. 

Considerada una de las más importantes plataformas en la materia, la publicación electrónica ha colocado a la capital de la República Mexicana en la séptima posición.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer que “los 6 previos son destinos de playa, y la ciudad es el número 1 en destino que no es de playa. Trip Advisor reconoce a la CDMX y eso nos parece muy importante”.

Museos, restaurantes, parques e infraestructura hotelera de primer nivel, se combinan con los remanentes de varias culturas y épocas, lo que la hace una metrópoli diversa para todos los gustos.

Además, cuenta con vida nocturna, centros comerciales, gastronomía y una amplia gama de opciones que la convierten en un destino recurrente en la agenda de turistas nacionales y extranjeros.

La CDMX forma parte de este ranking junto con Playa del Carmen, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Tulum, Cozumel, Cancún y se ubica por encima de San Miguel de Allende, Huatulco y Oaxaca.

• Se busca garantizar uso racional de recursos públicos, con supervisión y vigilancia continuas: Damián González

 

• No se pretende cancelar participación de IP, pero sí facultar a la SFP para sancionar a empresas que incumplan contratos

 

22-01-2018.- A fin de transparentar los procesos de licitación y contratación, reforzar los controles institucionales y rendición de cuentas, así como la posición del Estado y del sector público durante las diferentes fases de ejecución de las inversiones, la diputada Araceli Damián González (Morena) impulsa una reforma integral a la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

 

Propuso reformar, adicionar y derogar 47 preceptos de ese marco jurídico que permitan identificar áreas de riesgo e implementar mecanismos para reducirlos; el propósito, promover un uso racional y mesurado de proyectos de las Asociaciones Público-Privadas (APP), para velar por una aplicación adecuada de recursos públicos, garantizar la sostenibilidad y el equilibrio presupuestario a largo plazo.

 

Asimismo, fortalecer la posición financiera y jurídica del sector público en el desarrollo de las obras de APP, porque la experiencia ha mostrado un claro patrón de desequilibrio en favor de los particulares. Mejorar, también, el marco regulatorio de la actuación de concesionarios y desarrolladores de los proyectos, que garantice un desempeño apegado a derecho y asegure beneficios concretos a la sociedad mexicana.

 

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social argumentó que la propuesta turnada a la Comisión de Economía para dictamen, pretende evitar que a consecuencia de la inadecuada regulación de estos proyectos se apliquen recursos públicos de manera innecesaria, ineficiente o insostenible.

 

Estas reformas, aclaró, no pretenden cancelar la necesaria participación del sector privado en determinadas obras de interés público; al contrario, transparentarán su actuación, mejorarán los resultados sociales del esquema y garantizarán la sostenibilidad a largo plazo, ya que en México se han revelado varios casos en los cuales las APP han generado problemas debido a opacidades, ineficiencias y derroches del presupuesto.

 

Por el interés social que implican estas obras, explicó, es fundamental desarrollar mecanismos continuos de supervisión y vigilancia, mediante la modificación y refuerzo del marco jurídico.

 

Destacó la necesaria participación de la Cámara de Diputados para crear un Comité Técnico especializado en proyectos de APP, encargado de evaluarlos y autorizarlos; vigilar y supervisar el cumplimiento de la ley y del contrato en todas las fases de ejecución, ya que tendrá atribuciones para auditar y fiscalizar el desarrollo, a través de un programa anual de auditorías que, como mínimo, evalúe el desempeño del veinte por ciento de las obras.

 

Asimismo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas; elabore un registro único de APP, que será público y deberá ser actualizado trimestralmente, indicando tanto los nuevos proyectos a iniciar como el avance de los ya puestos en marcha.

 

Resolver las controversias que surjan entre las partes involucradas, cuando se establezca en el contrato o en las bases de la convocatoria e implementar sanciones administrativas pertinentes en caso de incumplimientos contractuales o legales, otro objetivo.

 

La legisladora por la CDMX señaló la necesidad de que los proyectos de APP tengan una vigencia máxima de 20 años, con posibilidad de renovación hasta por 10 años, y que la erogación más alta prevista por el gobierno federal sea del uno por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado.

 

Resaltó que “en ningún caso podrá implementarse el esquema de APP en los servicios públicos fundamentales que afecten la satisfacción de derechos humanos garantizados en la Constitución y los tratados internacionales, como la sanidad, educación, seguridad y asistencia social. Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, así como explotación o gestión de recursos naturales de la nación”.

 

Además, dotar de facultades específicas a la Secretaría de la Función Pública para sancionar a empresas que incumplan los contratos firmados.

 

Durante la implementación, añadió, los proyectos deberán cumplir sin excepción las condiciones contractuales y lo establecido en la ley. “Una de las deficiencias identificadas en la práctica, estriba en que, de manera sistemática, los contratos de APP son incumplidos; se incurre en sobrecostos, extensión de los plazos, entrega irregular de los productos contratados y en otras modificaciones que afectan su correcto desarrollo”.

 

Debe ponerse especial atención a todas las fases de implementación de las APP mediante mecanismos diferenciados de regulación y control para asegurar las mejores condiciones para el sector público. Durante las etapas de adjudicación, contratación, implementación y terminación de estos proyectos deben establecerse medidas adicionales para reforzar la transparencia y su viabilidad, indicó.

 

Respecto a la primera fase de adjudicación y contratación se debe asegurar la libre y efectiva competencia entre aspirantes, y asegurar que se desarrolle sin interferencias y elimine cualquier oportunidad de arbitrariedad.

 

Esta iniciativa propone fortalecer los mecanismos legales destinados a vigilar la fase de implementación, evitando la concurrencia de cualquier tipo de irregularidad. La ley de APP debe consagrar un proporcionado y adecuado marco jurídico sancionatorio enfocado a disuadir y castigar incumplimientos de los contratos generados por causas imputables al desarrollador.

 

“Es necesario configurar un sistema de penalización funcional para desestimular los tan comunes quebrantamientos contractuales”, porque estos incumplimientos se traducen en incrementos innecesarios de gasto federal o en afectaciones severas al patrimonio, bienes o servicios públicos, consideró.

 

La última fase de terminación de contratos es también fundamental en el correcto desempeño de las APP, ya que frecuentemente involucra transferencias y pagos adicionales. Propuso establecer medidas oportunas en caso de que se concluyan anticipadamente por causas imputables al concesionario de la obra o el servicio.

 

“Se requiere normar la prohibición de que en el esquema de las APP el Estado acuda al rescate de los pasivos generados por una deficiente administración privada del negocio o por otras causas que provoquen pérdidas, tal y como ocurrió con el rescate carretero. Es necesario prohibir expresamente la práctica de privatizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas, sólo de esa forma puede garantizarse una adecuada distribución de riesgos entre las partes y un beneficio social neto de asociaciones”.

 

Comentó que las APP constituyen en la actualidad uno de los vínculos centrales entre lo público y lo privado. Por su propia naturaleza, existen riesgos que pueden desembocar en un manejo ineficiente del gasto o de proyectos de inversión pública, así como una baja en la calidad de los servicios brindados.

 

Refirió que “expertos han señalado que en los países en vías de desarrollo se generan demandas crecientes para que el sector público recupere su participación en áreas que ahora manejan los particulares, debido a las deficiencias que se presentan, a causa de que los consumidores se sienten decepcionados y asocian la privatización con tarifas cada vez más altas, con grandes beneficios para las compañías particulares y, a menudo, con administraciones corruptas”.

 

Precisó que en un entorno marcado por la existencia de “serios problemas de corrupción”, resulta fundamental iniciar un proceso continuo de refuerzo y mejora de la legislación existente para evitar que la ciudadanía se vea afectada, así como para prevenir el mal uso de los recursos públicos.

 

Puntualizó que las APP se han constituido en un mecanismo de relajación de las herramientas de control social y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Al quedar la prestación de un determinado servicio público bajo administración privada, se estrechan los escasos instrumentos para la rendición de cuentas.