Hermosillo, Son., febrero 7 de 2018.- El Congreso del Estado aprobó solicitar a la titular del Ejecutivo estatal y al Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable, que analicen y establezcan apoyos emergentes en beneficio de las mujeres jefas de familia y los estudiantes de nivel básico hasta nivel superior que utilizan el servicio de transporte, en respaldo de su economía.
Como parte del Acuerdo con exhorto sugieren que, como medida preventiva ante la inflación que se prevé para este 2018, se utilicen parte de los ahorros que se generen con la aplicación del Acuerdo de Austeridad, previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, para el otorgamiento de dichos apoyos.
La propuesta la presentó el grupo parlamentario del PAN, para que tanto la Gobernadora como los ciudadanos que forman parte del Consejo de Transporte Público Sustentable, analicen, valoren y pongan en marcha acciones emergentes, de carácter temporal, que permitan a dos segmentos de la población, como son las mujeres jefas de familia y los estudiantes, acceder al servicio de transporte, para lo cual realizarían un menor desembolso, expuso la diputada Angélica Payán García.
Agregó que en Sonora, de acuerdo a datos de 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, existen 814 mil 820 hogares, de los cuales 32 por ciento tienen jefatura femenina, lo que representa 258 mil 562 hogares, mientras que hay cerca de 900 mil estudiantes que cursan desde preescolar hasta nivel superior.
Producto de los ahorros en el gasto público, que se generarán por las reducciones en servicios personales, materiales y suministros en la administración pública estatal, es posible hacer frente a la necesidad de otorgar un mayor subsidio a la tarifa, en apoyo a estos sectores sociales, establece la parte expositiva de la iniciativa.
En el desarrollo de la sesión, la Presidencia turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 330, 331, 332 y 334 del Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de que quien cometa un delito electoral no sólo sea castigado con multa, sino también con pena privativa de libertad.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado José Luis Castillo Godínez expuso que la legislación punitiva incluye en su Artículo 330 diversas conductas calificadas como delitos imputables a los funcionarios electorales, mientras en el Artículo 331 se especifican conductas delictivas reprochables a los funcionarios públicos en general, y el 332 y 334 incluyen delitos que puede cometer cualquier persona.
“Sin embargo, aún y cuando es innegable la importancia que tiene el que se desarrollen procesos electorales en los términos que mandatan las leyes de la materia, lo cierto es que todas las conductas constitutivas de delitos electorales gozan de pena alternativa, es decir, que pueden ser sancionadas con prisión o sólo con una multa, es decir, una sola de esas sanciones”, aseveró.
Esto no puede seguir así, dijo, ya que debido a la trascendencia que significan las elecciones para la vida del Estado, es imperativo que quien cometa un delito electoral sea sancionado con multa pero también con cárcel, razón por la cual la iniciativa elimina la pena alternativa y establece que todos los delitos electorales deberán sancionarse, invariablemente, con prisión y multa.
Las sanciones económicas van de diez a 50 Unidades de Medida y Actualización, de 100 a 250 y de 100 a 500 UMA, además de prisión de hasta tres años y destitución del cargo del funcionario electoral, mientras que en otros casos la iniciativa plantea inhabilitación para obtener un cargo público hasta tres años y suspensión de derechos políticos hasta por tres años.
En el orden del día se incluyó el informe de actividades de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, correspondiente al primer periodo de sesiones extraordinarias del tercer año de ejercicio constitucional, que fue presentado por la diputada Angélica María Payán García, quien informó que del 16 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018, se llevaron a cabo cuatro sesiones.
Se aprobaron cuatro acuerdos dirigidos a autoridades de los tres niveles de gobierno, indicó, mientras que en relación con los asuntos de carácter legal en los que el Congreso del Estado se encuentra señalado como autoridad responsable, durante el periodo se rindieron 42 informes previos y justificados.
Éstos corresponden a igual número de demandas que entraron en el periodo referido, correspondientes a diversos amparos promovidos por ciudadanos en contra del Código de Familia y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dijo.
La diputada Payán García agregó que el Congreso del Estado, a través de la Diputación Permanente, realizó reuniones con distintos sectores de la sociedad; atendió a diversos ciudadanos a fin de escuchar sus propuestas, críticas y demandas sobre asuntos concernientes a esta Soberanía.
Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima el martes 13 de febrero, a las 11:00 horas, la diputada María Cristina Gutiérrez Mazón presentó, a nombre del grupo parlamentario del PRI, un posicionamiento con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
“Hacemos un llamado a todas las instituciones de gobierno estatal y locales a que implementen programas y acciones que favorezcan y acerquen a nuestras niñas y nuestras mujeres a las actividades científicas”, expresó.
