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Gilberto Armenta
El 11 de enero pasado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) recibió, en su oficialía de partes, una serie de denuncias ciudadanas con particularidades muy especiales.
Una de ellas, que sirve como muestra de ejemplo perfecta, es la que presentó una joven universitaria, recién egresada como licenciada en turismo y empleada, al menos durante ese primer mes del 2018, en un conocido hotel de la ciudad capital en Sonora.
Por respeto a la denunciante, y con la intención de no interponerse en el proceso de la denuncia que sigue su curso en el IEE, este espacio se reservará los apellidos, pero hará referencia al nombre de esta, apoyándose el atrevimiento en la copia de la denuncia que obra en poder de quien escribe.
Maritza Fernanda, la joven denunciante de apenas 21 años, se apersonó en el IEE para presentar la referida denuncia, contenida en un legajo de más de 200 hojas tamaño carta, finamente redactada en términos jurídico, y con tal cantidad de anexos, que solo un experto cuerpo de abogados podría complementar.
La denunciante fue bien asesorada en esos términos, los jurídico electorales.
Maritza Fernanda no tiene militancia reconocida en ningún partido, pero una de sus hermanas es militante activa en el Partido Acción Nacional, y una mujer más, que se identifica como la madre de la denunciante, es una activista en temas feministas, y uno los principales activos panistas en ese sentido.
Maritza Fernanda, que ni siquiera tiene una rubrica estilizada, y que firma la denuncia solo con la estampa de su segundo nombre y la primera letra de su primer apellido, fue aparentemente utilizada por un grupo de mujeres incalculable en miembros, militantes o relacionadas a Acción Nacional, con la única intención de descalificar a los órganos electorales que habrán de regular la elección venidera, incluido el IEE.
La especie anterior se justifica porque Maritza Fernanda se negó, en más de una docena de ocasiones, a otorgar entrevista periodística para hablar del tema. También porque se organizó con sus compañeros de trabajo en el hotel donde labora para que la negarán si acaso alguien la buscaba, y porque recibió la constante protección de sus dos familiares directos en el domicilio que proporcionó en su denuncia, todas y cada una de las veces en las que se intentó localizarla para darle apertura periodística al tema que defendía ante el IEE.
El tema que Maritza Fernanda denunció fue el referido a los lineamientos y los criterios de aplicación de la paridad y la alternancia de género, que dice su escrito, deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputados y diputadas, así como en las planillas a los ayuntamientos de los 72 municipios de Sonora.
Maritza Fernanda es mayor de edad, y sus derechos, incluidos los que le permiten denunciar lo que a ella le plazca, están protegidos por la misma Constitución. Sin embargo, la forma de hacerlo es lo que llama poderosamente la atención.
Primero, como ya se dijo arriba, ella se negó a otorgar una entrevista, y si bien es cierto no estaba obligada a hacerlo, el tema que denunció es de interés ampliamente ciudadano, y ante eso, la regla dicta que los denunciantes busquen a la prensa para darle difusión al mismo. Ella, como se dice repetitivamente, se negó a eso.
Segundo, resulta casi evidente que Maritza Fernanda solo se prestó al juego de un grupo de poder partidario o político detrás de ella, sin contemplar la dimensión ni la repercusión de sus actos.
Tercero, ¿porque proporciona un domicilio en Guadalajara para recibir y atender notificaciones respecto a su denuncia? ¿Por qué lo presenta ante el IEE en Sonora, pero exige que se traslade su denuncia a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Jalisco? Muy sencillo, el escrito que presentó no fue redactado por ella ni por sus familiares, sino por abogados con harta experiencia en temas electorales. Ella solo firmó el legajo.
Esta denuncia, con el tema de la paridad y equidad de género, se suma a las acciones que un grupo de 10 mujeres protagonizaron el pasado 12 de febrero frente al edificio que alberga al IEE.
En una corta transmisión a través del Twitter estas diez mujeres reclamaron, directamente a Guadalupe Taddei, presidenta consejera del IEE, el respeto a la voluntad del ciudadano, salpicando la transmisión con el tema que denuncia Maritza Fernanda, y aderezándola con señalamientos por supuestos actos que violan los derechos electorales. En respuesta, usuarios de la misma red social las denunciaron como ex y militantes en activo de Acción Nacional.
La evidencia es clara. Existe una bien marcada intención por parte de la oposición en Sonora para devaluar, como se dijo en una emisión previa de esta columna, el trabajo de la titular del gobierno estatal y su gabinete, para luego irse contra los candidatos del PRI. Esa intención abarca la descalificación a priori de los órganos responsables de regular la elección ya en proceso, y ya empezaron con el IEE. Esto apenas inicia.
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